Videovigilancia

Antes de adentrarme en el convulso mundo de la videovigilancia, quiero dejar por escrito mi agradecimiento a todos aquellos que me habéis felicitado por el Premio Protección de Datos 2012 de investigación (accesit) de la Agencia Española de Protección de Datos por el trabajo “Análisis de la videovigilancia con fines de seguridad privada en el marco de la protección de datos de carácter personal”.

Dicho esto, quiero destacar la importancia de esta materia, ya que debido al continuo desarrollo tecnológico de los sistemas de videovigilancia, y a la actual revitalización en nuestra sociedad de las medidas de control para alcanzar la seguridad, son numerosos los lugares donde se encuentran instalados estos sistemas con fines de seguridad privada.

La constante evolución tecnológica en el desarrollo de estos sistemas, además de acelerar su proliferación, está permitiendo un incremento sustancial de sus facultades, siendo ya accesible la instalación de múltiples cámaras conectadas entre sí con funciones de reconocimiento facial y de seguimiento. Así, los sistemas de videovigilancia son cada vez más eficaces, pero invaden de forma más intensa la privacidad de las personas cuyas imágenes son captadas, de ahí la importancia de encontrar un justo equilibrio entre la seguridad privada y la privacidad.

En el ámbito de la seguridad pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comenzaron a emplear hace ya tiempo sistemas de videovigilancia con el objeto de incrementar sustancialmente el nivel de protección de los bienes. Surgió así la necesidad de una norma que regulara el uso de estos sistemas, la Ley Orgánica 4/1997, que introdujo las garantías precisas para que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución fuera máximo y no pudiera verse perturbado con un exceso de celo en la defensa de la seguridad, y así encontrar la armonía entre la seguridad pública y la privacidad de las personas.

Esta ley establecía en su Disposición Adicional Novena que el Gobierno elaboraría, en el plazo de un año, la normativa correspondiente para adaptar sus principios inspiradores al ámbito de la seguridad privada. Sin embargo, a día de hoy aún no se ha cumplido ese llamamiento legal de creación de una Ley de Videovigilancia Privada.

Por ello, a falta de una ley que regule la videovigilancia con fines de seguridad privada, la normativa principal aplicable es la regulación sobre protección de datos personales, que nació de la necesidad de limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, y que tuvo como misión inicial proteger la privacidad de los ciudadanos de una amenaza potencial antes desconocida, el progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamiento de datos y de acceso a los mismos. Así, para establecer el necesario equilibrio entre la seguridad privada y la privacidad de las personas en el ámbito de la videovigilancia con fines de seguridad privada ha de aplicarse la LOPD.

Las especiales características de los tratamientos de las imágenes por los sistemas de videovigilancia han generado numerosas dudas en la aplicación de la LOPD, motivo por el que la AEPD dictó su Instrucción 1/2006. Sin embargo, la aplicación de esta normativa sigue ocasionando inseguridad en las entidades que emplean estos sistemas, como queda reflejado en el incumplimiento generalizado de la norma.

 Estas dudas interpretativas quedan reflejadas en el propio ámbito de aplicación de la LOPD, donde un sistema de videovigilancia que emplee un tratamiento de imágenes no automatizado y que no grabe se encontraría fuera de su ámbito, y sin embargo, si el sistema fuera automatizado, sí se encontraría dentro del ámbito de aplicación, diferencia que entendemos tiene sentido en el tratamiento habitual de datos personales, por distinguir el tratamiento en formato papel y el informático, pero que actualmente carece de sentido en los sistemas de videovigilancia.

Otras dudas interpretativas en la aplicación de la LOPD a los sistemas de videovigilancia son que sólo son inscribibles los sistemas de videovigilancia que graban datos, que el principio de calidad de los datos excluye cualquier tratamiento de la vía pública aunque no se graben las imágenes; que dl deber de información a los afectados se realice mediante carteles informativos sin la información completa que establece la LOPD, la aplicación de la excepción del consentimiento a través de la Ley de Seguridad Privada, la difícil adaptación de las medidas de seguridad, o las limitaciones al ejercicio de los derechos ARCO.

En definitiva, la aplicación de la LOPD a los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad privada no alcanza de manera eficiente el justo equilibrio que debe existir entre la seguridad y la privacidad, ya que las especiales características de las imágenes como datos personales hacen complicado la aplicación de una normativa ideada para otro tipo de datos.

Una solución posible sería modificar la normativa nacional de protección de datos para adaptarla a este tipo de tratamientos. Sin embargo, no parece coherente esta opción, ya que el pasado 25 de enero de 2012, la Comisión Europea presentó una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que pretende sustituir a la actual normativa de protección de datos. Sin embargo, este futuro Reglamento general de protección de datos no tiene en cuenta en su articulado actual las especiales características de los tratamientos de datos de los sistemas de videovigilancia, siendo la única mención su art. 33.c, que prevé que “el seguimiento de zonas de acceso público, en particular cuando se utilicen dispositivos optoelectrónicos (videovigilancia) a gran escala” es una operación de tratamiento que entraña riesgos específicos para los derechos y libertades de los interesados, y que por tanto hay que llevar a cabo una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento previstas. Por tanto, salvo futuros cambios del contenido final del Reglamento, nada hace prever que la nueva normativa europea aporte claridad al régimen legal de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad privada.

Por todo ello, teniendo en cuenta las dimensiones que está adquiriendo el fenómeno de la videovigilancia, es necesaria una Ley de Videovigilancia Privada que tenga en cuenta las especiales particularidades de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad privada, y así permita generar la seguridad jurídica necesaria en este ámbito.

Y ya de paso, se daría cumplimiento al llamamiento hecho al Gobierno por la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 4/1997 de elaborar una normativa de videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada, más vale tarde que nunca.

lopezdelemus.com

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2 opiniones en “Videovigilancia”

  1. Que interesante artículo, en verdad pienso que la videovigilancia ha ayudado mucho en términos de seguridad en muchos lugares donde son instalados pero también creo se deben seguir las normas de privacidad y confidencialidad ante un hecho.

  2. si, la videovigilancia ha ayudado mucho en términos de seguridad

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