Mediación en Protección de Datos

Cada día hay más denuncias relacionadas con el derecho a la protección de datos de carácter personal. Pero esta incuestionable realidad no parece que se deba a que haya aumentado el incumplimiento de la normativa que regula este derecho fundamental por los responsables de los ficheros, ya que día a día se avanza en la adaptación de las empresas y administraciones a esta normativa.

Por consiguiente, el incremento de denuncias debe tener otro origen, que en mi opinión es que los ciudadanos son hoy más conscientes de cuáles son los derechos que les asisten en la defensa de su privacidad frente a todos aquellos que quieren utilizar sus datos personales. Esto se ha logrado gracias a la importante labor de difusión que de este derecho hacen las distintas agencias de protección de datos y los medios de comunicación social.

Por tanto, debido a este mayor conocimiento, cada día más los ciudadanos hacen valer sus derechos frente a quienes vulneran su privacidad, valor cada vez más preciado debido a los adelantos tecnológicos que invaden nuestras vidas.

Entre los derechos relacionados con la protección de datos más conocidos se encuentran el informar al pedir los datos y solicitar el consentimiento, establecer medidas de seguridad para protegerlos, no comunicarlos a terceros sin autorización, y sobre todo, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Pero hay un derecho mucho menos conocido que los anteriores, y a su vez menos ejercitado que el resto, quizás porque su ejecución no es tan sencilla y gratuita como los anteriores. Es el derecho a indemnización, declarado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y que dice lo siguiente:

1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.

2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas.

3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.”

Este precepto reconoce el derecho de los afectados a verse recompensados económicamente por haberles sido infringidos su derecho fundamental a la protección de datos, siempre que sufran daños o lesiones en sus bienes o derechos. Esto que en principio debería ser un motivo más, tanto para que los afectados reclamen ante las vulneraciones de su derecho, pues al afectado le aportaría un beneficio económico que siempre hace menos amargo la labor de denunciar, tanto para que las posibles entidades infractoras intensifiquen sus esfuerzos en el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, pues supondría un coste económico, adicional a la propia sanción por la infracción en el caso de ficheros privados.

Pero las agencias de protección de datos no tienen competencia para fijar una indemnización de los posibles daños y perjuicios, por lo que para ejercer este derecho de indemnización hay que acudir a la jurisdicción ordinaria, en el caso de los ficheros privados, y a la contencioso administrativa, en el caso de ficheros públicos, lo que supone un freno para el ejercicio de este derecho, ya que ejercerlo supone gastos económicos en técnicos legales, y mucha paciencia para obtener un resultado de nuestros juzgados colapsados. Por consecuencia, en la mayoría de los casos se renuncia a este legítimo derecho.

Por todo ello, con el objetivo de allanar el camino para ejercer este derecho, creo que serían necesario servicios de mediación en protección de datos de carácter personal.

Veamos ahora, aunque sea someramente, que es la mediación. Mediar, según la Real Academia Española, es “interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad”. Acercándonos más a nuestro ámbito, la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles la define como “un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro.

Esta Directiva supondrá un cambio legal el nuestro país, ya que la mediación, institución más propia de países anglosajones, está consentida pero no regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Pero cuando sea traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico, antes del 21 de mayo de 2011, quedará regulada, y se establecerán los mecanismos necesarios para promoverla. Aunque las disposiciones de esta Directiva sólo se refieren a los procedimientos de mediación en litigios transfronterizos, en ella misma se aclara que nada debe impedir que los estados miembros apliquen sus disposiciones también a procedimientos de mediación de carácter nacional.

Un ejemplo de esto ha sido llevado a cabo por la Comisión de Protección de Datos en Andalucía, que ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio gratuito de mediación en materia de protección de datos de carácter personal, dirigido a aquellos afectados a los que se les haya vulnerado este derecho fundamental y que consideren que su caso es susceptible de una indemnización económica.

Para resolver esta reclamación de indemnización del afectado al responsable del fichero, interviene una tercera persona imparcial, el mediador designado por la comisión, que no es un juez ni un árbitro, pues no impone soluciones ni opina sobre el fondo de la cuestión litigiosa, sino que regula el proceso de comunicación para que las partes lleguen a una solución en la que ambos queden satisfechos.

La finalidad de este procedimiento es llegar a una solución extrajudicial mediante un procedimiento de negociación adaptado a las necesidades de las partes que determine la cuantía de una posible indemnización sin tener que acudir a la vía judicial, ayudando a liberar la sobrecarga que sufren los Tribunales. Sin olvidar que este sistema de mediación es un sistema complementario a la Administración de Justicia y en ningún caso sustitutivo de la misma. Por otra parte, como no podría ser de otra manera, es éste un proceso voluntario, confidencial y basado en el diálogo que además, supone un ahorro en tiempo y dinero para ambas partes.

A pesar de ser una figura novedosa en nuestro país, creo que servirá para facilitar el ejercicio por los afectados del derecho de indemnización previsto en la Ley, y para que las distintas entidades responsables de ficheros encuentren una mayor motivación en el cumplimiento de la normativa.

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