Agencia Española de Protección de Datos: ¿Posible prevaricación? | Pedro Rodríguez de Lemus

Agencia Española de Protección de Datos: ¿Posible prevaricación?

Por todos es reconocida la importante labor que realiza la Agencia Española de Protección de Datos en la defensa y difusión del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Por muchos es sabido que desde sus inicios esta Agencia se ha encontrado ante un panorama general de incumplimiento de la normativa sobre protección de datos, lo que no le ha impedido ejercer su labor con firmeza, y según algunos con cierto amparo de otras instituciones del Estado, comprensible ante la difícil situación en la que se encontraban.

Esta situación de incumplimiento puede ser el motivo por el que la Agencia hace, a veces, una interpretación y aplicación extensiva de Ley. No obstante, las instancias judiciales nacionales e incluso europeas van acotando la aplicación de esta Ley, dejando sin sustento legal algunas interpretaciones de la Agencia.

Reconociendo el respeto que esta Agencia me merece, quiero compartir con los lectores de este artículo un caso que me ha dejado algo perplejo, una Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos donde no es que haga una interpretación extensiva de la Ley, sino que en mi opinión se la salta a la torera, y lo que es más grave, con conocimiento de ello.

El caso es el siguiente: una empresa es sancionada por la Agencia por una presunta infracción en materia de protección de datos. Al no estar conforme esta empresa recurre en Reposición ante la Agencia y pide la suspensión de la ejecución aportando aval. La Agencia concede la suspensión y más tarde desestima este Recurso de Reposición.

Al seguir disconforme la empresa con la Resolución de la Agencia que declara una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos, recurre por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional y solicita la suspensión del acto administrativo impugnado, ya que su ejecución haría perder la finalidad legítima del Recurso. Tras varios meses de la interposición de este Recurso, debido a la elevada carga judicial, la Audiencia aun no ha resuelto en un Auto sobre la suspensión. Por tanto, la suspensión inicialmente adoptada por la Agencia se mantiene, ello en base al artículo 111.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que indica que “si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.” Hasta aquí, en mi opinión, todo clarísimo y sin posible discusión jurídica.

Sin embargo, la Agencia comunica a esta empresa que en caso de no aportar la decisión judicial de suspensión, pese a haberle alegado ya la empresa la inexistencia de dicho Auto por no haberse pronunciado aun la Sala; o en caso de no satisfacerse el pago de la sanción en el plazo voluntario, se procederá a instar el cobro de la deuda en vía ejecutiva a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No es un caso de desconocimiento de la Ley, ya que la Agencia en su propio escrito expone el artículo antes mencionado, pero considera que como la Audiencia Nacional no ha resuelto en tiempo, quien debe pagar los platos rotos es la empresa, aun sabiendo que hasta que no se pronuncie el órgano judicial la suspensión permanece.

Por ello, me parece que podría haberse dictado, presuntamente, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos una Resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia, y dice el artículo 404 del Código Penal que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. En base a todo ello, os parece que hay base jurídica para, presuntamente, considerar que se ha producido un delito de prevaricación en la Agencia Española de Protección de Datos. Gracias por adelantado por vuestras opiniones.

7 Comentarios | Leído 1339 veces

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7 Respuestas a “Agencia Española de Protección de Datos: ¿Posible prevaricación?”

  1. Antonio dice:

    Hola Pedro,

    El supuesto es de libro. Hay elementos más que suficientes para entender cometido el delito. Otra cosa será, si se llega a denunciar, que el juzgado de instrucción correspondiente sea lo suficientemente valiente para no pecar de condescendencia…

  2. Jesús Casás dice:

    Verdaderamente sorprendente el caso que expones, que nada tiene que ver con la legislación de protección de datos, si no con un elemental conocimiento de la ley de procedimiento administrativo y de la jurisdicción contencioso-administrativa.

  3. Federico dice:

    Como pretendas presentar querella en Plaza de Castilla lo llevas claro…se quitán de encima todas con cualquier excusa ya que al fin y al cabo es trabajo adicional y total, cobran igual a fin de mes hagan lo que hagan. Por lo menos esa es mi experiencia, da igual lo que denuncies nunca son competentes para investigar o nunca hay delito.

  4. Iván dice:

    Al igual que en matematicas 2+2 son 3, en el ámbito legal hay normas que, por su claridad, no dejan lugar a interpretación contraria a la propia letra de ésta. Lo que quiero decir con ésto es que el artículo 111.4 de la Ley 30/1992 deja claro que se mantendrá la suspensión tanto en cuanto no se produzca pronunciamiento judicial sobre la solicitud de la suspensión, ya que de lo contrario se perderís la finalidad perseguida con el recurso, como se menciona en el artículo.

  5. Ángel dice:

    Puede que la Agencia a través del Abogado del Estado no tenga ni un solo documento relacionado con la pieza separada de medidas cautelares. Sería bueno facilitar a la Agencia todos los documentos relacionados con el incidente de suspensión antes de presentar denuncia tan grave.

  6. José dice:

    La Prevaricación del Funcionario Público: El artículo 404 del Código Penal dispone que la Autoridad o Funcionario Público que a sabiendas dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
    El bien Jurídico protegido por el legislador es el recto y normal funcionamiento de la Administración y con sujeción al sistema de valores instaurado por la Constitución (STS 798/1995 de 10 de Julio). Este delito es especial propio en cuanto que el sujeto activo ha de ser el funcionario público, con el amplio significado que ofrece el artículo 24 del Código Penal. La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Hay sentencias del Tribunal Supremo que exigen que la resolución no sea sólo incorrecta sino que además no sea defendible a través de ningún método aceptable de interpretación de la norma legal (STS 1497/2002 de 24 de Septiembre).
    La doctrina discute sobre si solamente cabe la comisión activa o en cambio es posible la comisión por omisión. La Jurisprudencia de los últimos años ha admitido la comisión por omisión y de ello toma buena cuenta la STS 449/2003 de 24 de Mayo en donde se aborda las actuaciones de los funcionarios responsables en actuaciones medioambientales, como puede ser la omisión del preceptivo informe de impacto medioambiental de cualquier industria que se instale en el territorio.

  7. Rouse dice:

    Hola a todos.
    Si la empresa ya depositó un aval y la Agencia desestimó su recurso yo entiendo que no es tan grave. Si finalmente el Tribunal le da la razón´podrá volver a acudir a la Agencia para regularizar el tema económico, o solicitar al Tribunal que a su vez solicite a la AEPD para que realice el abono de lo indebidamente cobrado e incluso con intereses.

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